Ante un escenario de cambios rápidos de los contextos socio-económico y productivo de su entorno, el ordenamiento territorial fue percibido por los actores del Bosque Modelo Chiquitano como una herramienta prioritaria para orientar la dinámica de desarrollo local hacia un modelo sostenible y la preservación de los principales valores ecológicos y culturales de la región. Desarrollado en Europa en los años 50 (por ejemplo Inglaterra, Alemania, Suiza y posteriormente España), este método de planificación aparece como política pública en América Latina en 1970, principalmente en Venezuela, México y Cuba. Posteriormente, su aplicación se extiende paulatinamente en el continente, en especial en Colombia, Bolivia, Chile, Guatemala, Uruguay, Ecuador, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Sin embargo, el nivel de adopción y las escalas de aplicación del instrumento varía en cada país (Massiris-Cabeza 1999). En Bolivia se encuentra por primera vez en la Ley No. 1333 del Medio Ambiente del 27/04/92, que establece que la política del medio ambiente está asentada sobre el establecimiento del ordenamiento territorial a través de la zonificación ecológica, económica, social y cultural; posteriormente se menciona en distintos instrumentos legales. Por ejemplo la Ley Nº 1551 del 20 de abril de 1994 de Participación Popular y la Ley Nº 2028 del 28 de octubre de 1999 de Municipalidades, indican que los gobiernos municipales deberán formular sus planes municipales de ordenamiento territorial (PMOT) con el objeto de organizar el uso y la ocupación de su territorio. En el año 2001 el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular publica una serie de guías metodológicas para la planificación del ordenamiento territorial a distintas escalas. Hasta el día de hoy, estos instrumentos de carácter técnico-normativo orientan el proceso de ordenamiento en todo el país. Más recientemente, la nueva Constitución Política del Estado confirma la importancia del ordenamiento territorial y fortalece el protagonismo de los municipios en este ámbito ya que, en su artículo 302, les atribuye como competencia exclusiva la elaboración de sus planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos (Andaluz-Westreicher 2010).

Gestión territorial, bosque modelo